Díaz Ayuso reiteró su respaldo a los profesionales del sector primario durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, enfatizando la disposición del Ejecutivo autonómico para ayudarles a superar obstáculos burocráticos y mejorar su competitividad. La presidenta subrayó la importancia de garantizar que los agricultores y ganaderos españoles no se queden rezagados, asegurando que el campo esté en óptimas condiciones.
El 15 de enero, la Comunidad de Madrid firmó un pacto con estas organizaciones solicitando a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se pueda asegurar la protección de los agricultores y ganaderos españoles. Se destaca la necesidad de trabajar en conjunto para garantizar la rentabilidad y viabilidad del sector, evitando depender de terceros países para el suministro de alimentos sin los mismos requisitos sanitarios.
Se defiende la importancia de una Política Agraria Común sólida, con financiación adecuada y orientada a un modelo productivo equitativo. Se propone que la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur esté condicionada al respeto de normas recíprocas, para permitir que los agricultores madrileños compitan en igualdad de condiciones y evitar desequilibrios.
La presidenta Díaz Ayuso ha priorizado el sector primario desde el inicio de su mandato en 2019, con iniciativas como el Plan Terra, que cuenta con una inversión de 100 millones de euros, y el Plan de Dinamización del Sector Primario, con un presupuesto de más de 148 millones de euros para el periodo 2025-2029. Este último incluye 35 medidas para abordar desafíos como la pérdida de rentabilidad, el relevo generacional, la sanidad animal y la integración de tecnología en el sector.
En cuanto a las ayudas al sector ganadero, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha gestionado 173,8 millones de euros desde julio de 2023, enfocadas en la modernización, sostenibilidad y rentabilidad. Se destacan las ayudas para jóvenes ganaderos, la ganadería ecológica y la prevención de ataques de lobo, entre otras. En el caso de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, se han destinado 1,6 millones de euros a los propietarios de las explotaciones más afectadas.
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