La Audiencia Provincial de Madrid ha devuelto al Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles la pieza separada que investiga la responsabilidad civil del denominado ‘Caso ITV’, donde están investigados la exalcaldesa Noelia Posse (PSOE) y ocho de sus ediles por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Esta decisión paraliza, por el momento, la fijación de fecha para el juicio oral de esta causa judicial, que había sido remitida en marzo pasado a la Audiencia Provincial de Madrid después de una instrucción de más de cuatro años.
La Audiencia Provincial considera necesario completar previamente la tramitación relativa a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso, antes de avanzar hacia la vista oral.
En el auto de apertura de juicio oral, el Juzgado de Instrucción requirió a los acusados una fianza de 817.453,94 euros, reclamada por el Ayuntamiento de Móstoles para garantizar un eventual resarcimiento económico.
El tribunal deberá discernir si se perjudicaron las arcas municipales cuando el Ayuntamiento condonó la deuda de una empresa encargada de realizar inspecciones técnicas de vehículos, a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor.
Además de Noelia Posse, la acusación se dirige contra otros miembros del Gobierno municipal, quienes continúan como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
En el ‘Caso ITV’ también están investigadas exediles de otros partidos políticos, como Dolores Triviño y Beatriz Benavides del PSOE, y Natividad Gómez de Podemos, quienes han abandonado la política.
La acusación particular solicita seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta para los acusados, mientras que la mercantil acusada ITV Móstoles S.L. enfrenta una petición de tres años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos.
El Ministerio Fiscal solicita doce años de inhabilitación, y el Ayuntamiento ha comunicado que también acusará por malversación en este caso. La resolución de la Audiencia Provincial marca un nuevo rumbo en este proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante años.
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