El alcalde de Móstoles ha pedido al Gobierno de España una financiación más justa para los ayuntamientos, siguiendo la línea de los regidores de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ha señalado que el cambio de opinión de la señora Montero ha costado a los mostoleños 10 millones de euros. Afirmó que es necesario reformar el sistema de financiación local para hacer frente a los desafíos de las ciudades y que los municipios deberían recibir un 13,1% más en 2025 de la participación de los tributos del Estado. Además, destacó que los ayuntamientos están en una clara indefensión y que el Gobierno debe actuar rápidamente para solucionar este problema.

• Manuel Bautista ha reivindicado una financiación local más justa, en la línea de los regidores participantes en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipos y Provincias (FEMP), y ha recordado que «el oportuno cambio de opinión de la señora Montero» le ha costado a los mostoleños 10 millones de euros.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha instado al Gobierno de España a atender con urgencia la necesidad de reformar el sistema de financiación local para hacer frente a los grandes retos de las ciudades.

En la misma línea de los regidores participantes en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada ayer en Badalona, el primer edil ha exigido una financiación justa para los ayuntamientos, solidarizándose con los municipios que tienen la obligación de destinar los remanentes a amortizar deuda a pesar de estar generando superávit. En ese sentido, ha recordado que no es el caso de Móstoles, ya que gracias a la gestión municipal de este equipo de Gobierno no solo se ha logrado reducir la deuda, sino que se ha dejado a cero en año y medio de mandato.

Asimismo, con respecto a la derogación del acuerdo por el cual los ayuntamientos recibirían un 13,1% más en 2025 de la participación de los tributos del Estado, el alcalde ha destacado que la medida merma la capacidad financiera de los municipios, repercutiendo en los servicios que prestan a los ciudadanos.

«Los ayuntamientos nos encontramos en una clara indefensión por el oportuno cambio de opinión de la señora Montero, que le ha costado a los mostoleños 10 millones de euros. Nuestra ciudad va a dejar de ingresar 10 millones de euros más, que se podían haber destinado a becas, nuevas infraestructuras o ayudas dirigidas al fomento de la autonomía de nuestros mayores o personas con diversidad funcional».

Además, ha concluido que «los ayuntamientos siguen funcionando con un sistema de financiación que no se ajusta a las necesidades actuales. Es imprescindible que el Gobierno asuma su responsabilidad y actúe sin demora para solucionar este problema».