La inquiokupación sigue afectando a los más vulnerables. Los propietarios que alquilan sus viviendas se encuentran en situaciones difíciles, llegando incluso a la ruina si sus inquilinos dejan de pagar y se quedan en la vivienda. Este es el caso de Catalina, una anciana de Móstoles. Su piso ocupado está siendo utilizado para realquilar las habitaciones.
La deuda asciende a más de 36.000 euros. Parte de esta deuda fue cubierta por la Comunidad de Madrid después de años de litigios. El problema es que la inquiokupa ha sido declarada en estado de vulnerabilidad. En este caso, la propietaria del piso, de 79 años, también ha sido declarada en estado de vulnerabilidad, ya que utilizaba el dinero del alquiler para pagar su hipoteca.
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El problema radica en que se ha priorizado la situación de la inquilina morosa al ofrecerle una solución habitacional. Se sospecha que la inquilina podría estar subarrendando las habitaciones del piso y obteniendo ingresos adicionales, posiblemente en efectivo.
Eva ha estado luchando contra la inquiokupa en el piso de su madre durante cinco años. «Mi madre lo está pasando mal porque la situación se ha prolongado en el tiempo y la única forma que he tenido de protegerla de todo esto es diciéndole que el piso está cerrado», comenta.
La inquilina dejó de pagar en 2019 cuando intentaron rescindir el contrato de alquiler de esta casa en Móstoles. Había temores de que estuviera subarrendando las habitaciones. «Está obteniendo una rentabilidad de las habitaciones (…) pero Servicios Sociales no lo verifica», denuncia.
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«Mi madre también es vulnerable con una pensión pequeña y no hay manera de que se vaya. Servicios Sociales no actúa, el ayuntamiento no está involucrado, la Comunidad tampoco, el gobierno sigue ampliando el Real Decreto y nosotros seguimos igual, no podemos desalojarla», afirma Eva.
Eva tiene la intención de vender el piso una vez que su madre lo recupere legalmente. Asegura que situaciones como esta hacen que poner una vivienda en alquiler sea arriesgar los ahorros y la salud.
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La ocupación, un problema creciente
La Delegación del Gobierno informó hace unas semanas que las ocupaciones en Madrid disminuyeron a la mitad en 2024. Se registraron solo 1.300 casos, pero hay muchas voces que cuestionan estos datos.
Solo el teléfono 112, ocupación de la Comunidad de Madrid, recibió 1.010 llamadas en ese período, lo que representaría el 78% de los afectados. Las empresas de desocupación han visto un aumento del 15% en la demanda de sus servicios.
Por otro lado, las asociaciones de afectados denuncian que el gobierno excluye los datos de inkocupación, que representan el 80% de los casos en la actualidad.
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