La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que las personas condenadas por ocupación no podrán acceder a un inmueble protegido en la región durante cinco años. Esta medida, que ha sido adelantada en un encuentro informativo Nueva Economía Fórum, formará parte del nuevo Reglamento de Vivienda que actualmente se encuentra en proceso de tramitación. Se prevé que este reglamento pase por un periodo de audiencia e información pública antes de su aprobación, la cual está programada para el mes de julio.
Esta decisión busca proteger el acceso a la vivienda en la región y garantizar la seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos. La ocupación ilegal de viviendas ha sido un problema creciente en muchas zonas, generando conflictos y afectando la convivencia vecinal. Con esta medida, se pretende disuadir a aquellos que buscan obtener una vivienda de forma ilegal, estableciendo consecuencias claras para quienes infrinjan la ley en este sentido.
Es importante destacar que esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno regional por promover un acceso justo y equitativo a la vivienda, garantizando los derechos de los ciudadanos y fomentando un uso adecuado de los recursos habitacionales disponibles. La lucha contra la ocupación ilegal es un paso fundamental en la protección de la propiedad privada y en la promoción de la seguridad y la legalidad en el ámbito residencial.
La presidenta Díaz Ayuso ha subrayado la importancia de esta medida en la lucha contra la ocupación ilegal, destacando que se trata de una cuestión prioritaria para su gobierno. Con esta acción, se espera enviar un mensaje claro de tolerancia cero hacia aquellas prácticas que atentan contra los derechos de los propietarios y la convivencia en la comunidad.
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